El Concejo Municipal de San Diego aprobó este lunes por unanimidad (7-0, con dos ausencias) rescindir el contrato con la empresa Flock Safety y retirar alrededor de 500 cámaras lectoras automáticas de matrículas (ALPR) desplegadas en la ciudad. De forma paralela, el cabildo votó 6-1 a favor de apagar otras 500 cámaras instaladas en farolas inteligentes, poniendo fin a un programa de vigilancia con un costo anual de 2 millones de dólares tras revelarse casos de uso indebido y ante crecientes reclamos sobre la privacidad ciudadana.
Abusos operativos y reclamos por privacidad
El respaldo político al sistema de lectura de placas se desplomó luego de que varios concejales que habían aprobado su implementación en 2025 decidieran revertir su postura debido a graves irregularidades en la operación de la red.
Los ediles Raul Campillo, Marni von Wilpert y Stephan Whitburn retiraron su apoyo tras confirmarse que el Departamento de Policía de San Diego (SDPD) utilizó las cámaras para rastrear sin justificación adecuada a una víctima de violencia doméstica, así como a uno de sus propios agentes en el marco de una investigación interna.
A estos señalamientos se sumó un grave fallo operativo en el que el sistema identificó de manera errónea un vehículo como robado, incidente que derivó en que un oficial de policía disparara contra un pasajero de 19 años. Asimismo, organizaciones defensoras de los derechos civiles denunciaron que agencias externas realizaron miles de búsquedas sobre los desplazamientos de residentes durante 2025 e interpusieron una demanda en la que acusan al gobierno local de vulnerar el derecho constitucional a la privacidad en California.
Desactivación inmediata y postura de las autoridades
La resolución aprobada por el Concejo ordena dar por terminados tanto el convenio con Flock Safety como la tecnología vinculada a las farolas inteligentes proporcionadas por la firma Ubicquia.
Tras la votación, el alcalde Todd Gloria, quien anteriormente había defendido la herramienta tecnológica, confirmó que acatará la directriz del cuerpo legislativo y descartó ejercer su derecho de veto —facultad que, en cualquier caso, quedó anulada por la supermayoría alcanzada en el pleno—. Representantes de la alcaldía informaron que los dispositivos pueden desactivarse en un plazo de 24 horas y que las empresas proveedoras procederán a retirarlos sin costo adicional para el erario municipal.
Por su parte, el jefe de policía, Scott Wahl, indicó que respetará la decisión del cabildo pese a haber sostenido que el sistema contribuyó a esclarecer más de 900 investigaciones, mientras que el sindicato policial solicitó que los recursos se redirijan ahora a fortalecer el reclutamiento de nuevos agentes.




