El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una estricta condición para el desarrollo tecnológico en el país al exigir que los nuevos centros de datos de gran tamaño, esenciales para el procesamiento de la inteligencia artificial (IA), generen su propia electricidad. La medida obliga además a estas empresas a entregar o vender cualquier excedente de energía a la red eléctrica o a las comunidades locales. El anuncio se produce en un clima de creciente descontento social por el consumo masivo de recursos de estas instalaciones y busca contener los costos de los servicios públicos en la antesala de las elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.
«Por orden mía, los nuevos centros de datos de gran tamaño, en algunos casos gigantescos, deben generar su propia electricidad», escribió el mandatario en su red social Truth Social. El mandatario aseguró que esta estrategia no solo evitará un repunte en el costo de la luz, sino que podría traducirse en una «disminución considerable» de las tarifas eléctricas para los hogares.
El impacto de la IA en la infraestructura local
La proliferación de servidores de IA ha despertado el rechazo de numerosas comunidades rurales y urbanas debido a su elevado consumo de agua y energía, lo que presiona las redes eléctricas y compite por el suministro hídrico. De acuerdo con datos del sector, más de 1,000 comunidades en EE. UU. han solicitado moratorias o restricciones ambientales para frenar estas construcciones. De hecho, el condado de Palm Beach en Florida —donde reside Trump— aprobó recientemente una moratoria de emergencia por un año contra estas instalaciones.
Para contrarrestar este malestar ciudadano, Trump urgió a las firmas tecnológicas a pagar un «dividendo» económico y alcanzar acuerdos directos con los residentes para garantizar la aceptación de los proyectos.
Contexto electoral y viabilidad de la medida
La regulación de los servicios públicos se ha convertido en un tema crucial para los votantes de cara a los próximos comicios, donde los republicanos se juegan el control de ambas cámaras del Congreso. Aunque el Ejecutivo ya había impulsado previamente compromisos voluntarios como el «Ratepayer Protection Pledge» (Compromiso de Protección al Contribuyente) junto a gigantes como Google, Microsoft y Amazon, la actual declaración formaliza una exigencia de obligatoriedad.
No obstante, la publicación de Trump no detalló los plazos ni los mecanismos legales específicos para implementarla. Algunos analistas y expertos en el sector energético advirtieron que la capacidad legal para imponer mandatos directos sobre las tarifas y la infraestructura eléctrica recae principalmente en los gobiernos estatales y las comisiones de servicios públicos, y no exclusivamente de forma directa en el Ejecutivo federal.
