Media docena de alquileres ilegales a corto plazo en los barrios de la zona central de San Diego han sido clausurados tras un acuerdo entre la ciudad y los operadores, quienes el año pasado fueron acusados de múltiples infracciones de las normas de edificación y de no obtener las licencias obligatorias.
En virtud del acuerdo, derivado de una demanda presentada el pasado mes de noviembre por la fiscal municipal Heather Ferbert, se ha ordenado a los operadores de las seis propiedades que cesen en su actividad de alquiler a corto plazo y retiren los anuncios de todas las plataformas de alquiler vacacional, incluida Airbnb. Asimismo, se les prohíbe gestionar cualquier alquiler a corto plazo y no podrán solicitar licencias hasta después del 1 de enero de 2028.
Según la oficina de Ferbert, los alquileres sin licencia —ubicados en barrios como North Park, Normal Heights, City Heights y Barrio Logan— llevaban operando desde al menos junio de 2023. El acuerdo se produce tres años después de que entraran en vigor en la ciudad de San Diego nuevas normativas de licencias para alquileres de menos de 30 días.
El acuerdo judicial, en el que los operadores no admitieron haber cometido ninguna infracción, se alcanzó después de que todas las partes convinieran en evitar los gastos de un litigio prolongado. A los demandados —entre los que figuran dos sociedades dirigidas por dos personas— se les impusieron sanciones civiles por valor de 1.150.000 dólares; no obstante, dichas multas quedarán en suspenso siempre que los operadores cumplan con la resolución judicial. El acuerdo estipula que, en caso de incumplimiento, las sanciones entrarían en vigor de inmediato.
Los operadores aún deben pagar 100.000 dólares en sanciones civiles, más 6.079,88 dólares en costos de investigación. La oficina de Ferbert señaló que uno de los resultados positivos del acuerdo es la reincorporación de seis propiedades al mercado de vivienda de larga duración.
“Este es exactamente el tipo de resultado que merecen los habitantes de San Diego”, afirmó Ferbert en un comunicado. “Identificamos a operadores que actuaban ilegalmente, armamos el caso y logramos el cese de sus actividades, imponiendo sanciones de hasta 1,25 millones de dólares para dejar claro que ignorar las normas conlleva un costo real. Me siento orgulloso de nuestra Unidad de Protección de la Vivienda por llevar adelante este caso y agradecido con los investigadores de la división BLUE (Cumplimiento de Normas de Construcción y Uso de Suelo) por haberlo desarrollado desde cero. Así es como se manifiesta la rendición de cuentas”.
Si bien el problema principal con los alquileres era que operaban sin las licencias bienales obligatorias —cuyo costo es de 1.129 dólares para el alquiler de viviendas completas—, los operadores de una de las propiedades habían convertido un garaje independiente en una unidad de alquiler sin contar con permisos ni inspecciones de construcción, según informó la oficina del fiscal de la ciudad.
En una etapa inicial, las autoridades municipales notificaron a Airbnb que las propiedades sin licencia debían retirarse de su plataforma —medida que la empresa cumplió—, indicó el miércoles Richard Berg, portavoz de la ciudad. Sin embargo, más adelante volvían a aparecer, por lo que se informaba a Airbnb de que los anuncios debían retirarse nuevamente. La investigación municipal se inició a raíz de una queja recibida en junio de 2023 por la División de Cumplimiento de Normas de Construcción y Uso de Suelo.
El concejal de San Diego, Sean Elo-Rivera —quien a principios de este año intentó sin éxito incluir en la boleta electoral una medida para imponer fuertes impuestos a los alquileres vacacionales— elogió a la oficina de Ferbert por resolver las inquietudes relacionadas con estos alquileres problemáticos.
“Los habitantes de San Diego merecen vecindarios seguros y estables, así como viviendas que sirvan a quienes viven y trabajan aquí, y no a operadores ilegales que ignoran las normas básicas mientras los vecinos sufren las consecuencias”, declaró Elo-Rivera. “Agradezco a la Oficina del Fiscal de la Ciudad por tomar medidas para proteger a los residentes de Normal Heights, Hillcrest y toda nuestra ciudad. Hacer cumplir las leyes sobre alquileres a corto plazo y seguridad en las edificaciones es una cuestión de responsabilidad, estabilidad habitacional y de garantizar que cada vecindario reciba el respeto que merece”.
Además de las acciones legales emprendidas por la oficina de Ferbert, el personal municipal continúa trabajando para asegurar el cumplimiento de las normativas sobre alquileres a corto plazo. Según indicó Berg, se han retirado más de 16.500 anuncios desde que comenzó la aplicación de dichas normas.
