El juez federal James Boasberg inició el proceso para declarar al Gobierno en desacato por ignorar una orden judicial suya y haber enviado a más de 200 migrantes a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
Donald Trump, aseguró no entender cómo los tribunales pueden cuestionar su autoridad en temas migratorios, después de que un juez federal haya señalado que su Gobierno desobedeció conscientemente una orden para bloquear una polémica expulsión de migrantes a El Salvador.
“No entiendo cómo los jueces pueden quitarle esa autoridad a un presidente. Hemos hecho un trabajo alucinante”, aseguró Trump durante un encuentro en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
“Nadie puede creer el trabajo que hemos hecho. Es mucho mejor de lo que prometimos”, dijo a continuación tras alabar la labor de su secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y de su zar fronterizo, Tom Homan.
El miércoles el juez federal James Boasberg inició el proceso para declarar al Gobierno en desacato por ignorar una orden judicial suya y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una prisión de alta seguridad en El Salvador el pasado 15 de marzo.
Trump volvió a justificar las medidas de su Gobierno afirmando que la Administración de su predecesor, Joe Biden (2021-2025), permitió la entrada descontrolada de “millones de personas”, de los cuales muchos son “asesinos”.
En su cruzada contra la inmigración, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TdA), que asegura que está invadiendo Estados Unidos.
Esa fue la norma que abanderó para el operativo que el pasado 15 de marzo envió al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador a 238 venezolanos y 23 salvadoreños acusados, sin haberse publicado pruebas, de ser pandilleros.
Posteriormente, las autoridades migratorias estadounidenses admitieron haber deportado por error a uno de los salvadoreños, Kilmar Ábrego García, residente en Maryland, casado con una ciudadana estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.
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