La Corte Suprema autorizó este lunes al Gobierno de Donald Trump acabar con el Estatus de Protección Especial que protege de la deportación a más de 350,000 inmigrantes venezolanos en Estados Unidos.
Según reportes, la orden del tribunal suspende de manera efectiva un fallo previo emitido por un juez federal en San Francisco.
Este fallo inicial había mantenido vigentes las protecciones del TPS que impedían la expulsión de los venezolanos, medidas que originalmente debían finalizar el mes pasado.
Dicho estatus permite a los migrantes trabajar y vivir legalmente en EU debido a que sus países de origen son considerados inseguros para el regreso, ya sea por conflictos civiles o desastres naturales.
El beneficio para los venezolanos fue creado por la administración del expresidente Joe Biden. Durante los últimos días de su mandato, autoridades aprobaron una tercera extensión del TPS que, originalmente, habría mantenido el estatus hasta octubre de 2026, según reportó The Washington Post.
La actual administración estadounidense consideró que este programa no era de “interés nacional”. El estatus de protección temporal puede ser designado a diferentes grupos de migrantes por el secretario de Seguridad Nacional.
Quienes pueden verse beneficiados por el TPS son aquellos migrantes que vienen de países que están afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias, según el WaPo.
Kristi Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anuló en febrero la extensión al TPS de Biden, justo antes de que entrara en vigor. Argumentó que los migrantes venezolanos representaban una carga para los recursos del país. Algunos de ellos incluso fueron tachados de ser una amenaza para la seguridad, al ser acusados de formar parte de la violenta pandilla Tren de Aragua.
La cancelación de las protecciones ocasionará que algunos migrantes pierdan sus beneficios en abril y otros en septiembre. En sus presentaciones ante el tribunal superior, el gobierno estadounidense afirmó que el daño era “particularmente pronunciado” al determinarse que una extensión de 18 meses “perjudicaria la seguridad nacional y pública de EU”, según reportes del periódico estadounidense.
Este movimiento está alineado con la política migratoria de Trump, cuyo gobierno presentó la semana pasada ante la corte una solicitud para cancelar la libertad condicional humanitaria de cientos de miles de personas provenientes de países como Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Decisión que podría exponerlos a una posible deportación.
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