El Ayuntamiento de San Diego votó unánimemente el lunes a favor de aprobar una ordenanza para garantizar que los recursos municipales no se utilicen para facilitar las actividades federales de cumplimiento de la ley, incluyendo las operaciones de control migratorio.
Las disposiciones de la Ordenanza de Debido Proceso y Seguridad, impulsada por el concejal Sean Elo-Rivera, incluyen el requisito de que las agencias federales de seguridad obtengan una orden judicial o una orden judicial para acceder a cualquier área no pública de las propiedades controladas por la ciudad.
La política también establece normas de privacidad de datos para los residentes que interactúan con los sistemas públicos y exige la colocación de letreros en varios idiomas que expliquen la ordenanza en las instalaciones municipales.
Elo-Rivera se refirió a la propuesta como “una respuesta directa y necesaria a los tiempos sin precedentes que enfrentamos”.
Describió la ordenanza como una política de libertades civiles, más que solo una política de inmigración, y explicó que “traza una clara línea legal y moral para proteger a todos los que consideran a San Diego su hogar”.
“Ya sea un padre que lleva a su hijo a la escuela, un paciente que busca atención reproductiva, un manifestante pacífico que habla a favor o en contra de mí o de cualquier otro funcionario electo, un joven que vive su auténtica verdad, merece hacerlo sin ser perseguido, vigilado o detenido sin causa ni debido proceso”, declaró durante una conferencia de prensa antes de la votación.
Las medidas propuestas se extienden a los contratistas, beneficiarios y arrendatarios de la ciudad, y exigen que todas las entidades que reciben fondos públicos cumplan con las normas municipales de orden judicial y no cooperación, según informaron los funcionarios.
“Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que la ley sea clara y, como ciudad, no debemos desperdiciar nuestros recursos, ya sean nuestros empleados, su valioso tiempo o nuestras instalaciones, comprometiendo el debido proceso”, declaró el presidente del Consejo, Joe LaCava, antes de la votación.
Varios miembros de la comunidad y representantes de organizaciones se manifestaron a favor de la medida.
Erin Tsurumoto Grassi, directora asociada de la organización sin fines de lucro Alliance San Diego, enfatizó la importancia de proteger la confianza de la comunidad.
“Cuando los miembros de la comunidad temen que las fuerzas del orden locales colaboren con agentes federales en la aplicación de las leyes de inmigración, la gente no llamará al departamento de policía”, dijo. “Eso significa que las víctimas no denunciarán, los testigos tampoco llamarán para denunciar, y eso nos afecta a todos. No importa si está sucediendo o no, la simple percepción es suficiente para dañar la confianza”.
Uno de los oradores en contra de la medida dijo al consejo que este tenía la obligación de “cumplir las leyes” y “proteger a los ciudadanos legales de este país y esta ciudad”.
La ordenanza se basa en otras leyes estatales, incluyendo la Ley de Valores de California, que ya impide a las agencias locales del orden público asistir a los agentes federales en la aplicación de las leyes de inmigración.
La medida establece requisitos de presentación de informes para los funcionarios municipales, incluyendo el Departamento de Policía de San Diego. Si bien la ley estatal prohíbe a la policía asistir en las acciones de control migratorio, en el pasado se ha llamado a los oficiales para garantizar la seguridad del público y de los agentes.
Según la ordenanza, el jefe de policía estaría obligado a emitir un “informe de incidentes disponible al público” dentro de tres días hábiles en tales casos.
El informe debe incluir los nombres de las agencias presentes, si se presentó una orden judicial y cualquier información disponible sobre los agentes del orden público involucrados, como sus números de placa, según informaron las autoridades.
Elo-Rivera dijo que espera que, al recopilar esta información, “como comunidad, tengamos una mejor idea de lo que el gobierno federal está haciendo en este caso”.
Benjamín Prado, miembro de la organización Unión del Barrio, que realiza patrullajes comunitarios regularmente para documentar operativos migratorios, expresó su esperanza de que la ordenanza establezca protocolos claros sobre cuándo la policía debe responder a las llamadas de las agencias de inmigración.
La ordenanza establece que el administrador municipal debe presentar un informe al Ayuntamiento antes del final de cada año fiscal, detallando la participación de la ciudad en grupos de trabajo conjuntos de las fuerzas del orden.
También prohíbe a la ciudad participar en operaciones, grupos de trabajo o patrullajes conjuntos que impliquen, total o parcialmente, una acción de control migratorio.
El concejal Raúl Campillo declaró en un mensaje en español que, si bien la ordenanza es “un buen paso”, sería “injusto de mi parte sugerir que me da esperanza. No quiero que ustedes tengan falsas esperanzas”.
“Como ciudad, poco podemos hacer para detener la extralimitación del gobierno federal, porque la ley municipal está subordinada a la ley federal”, declaró.
Campillo instó a los inmigrantes a conocer sus derechos. “Sus derechos al debido proceso existen con o sin esta ordenanza”, afirmó.
La ordenanza entrará en vigor 30 días después de su aprobación final, según informaron las autoridades.
Se espera que la Junta de Supervisores del condado vote sobre una ordenanza similar el martes. Otras ciudades, como Oceanside, también han aprobado medidas similares.
