Más de 15,000 migrantes de diversas partes del mundo han sido liberados en masa en el área del condado de San Diego en las últimas dos semanas debido a la sobrepoblación en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
A pesar de la oposición de algunos supervisores del condado, la presidenta de la Junta de Supervisores, Nora Vargas, propone gastar $3 millones de dólares en un nuevo centro para inmigrantes cerca del centro de la ciudad.
Vargas atribuye esta situación a la administración anterior y afirma que estos migrantes, que están buscando asilo, tienen derecho legal a estar en Estados Unidos y que su enfoque se centra en asegurar que lleguen a su “destino final”.
La propuesta de asignar fondos públicos para este centro ha generado controversia, con críticos argumentando que el dinero de los impuestos debería usarse para abordar problemas internos del condado, como la falta de vivienda y la salud mental, en lugar de financiar instalaciones para migrantes.
La situación pone de manifiesto los desafíos y debates en torno a la inmigración y los recursos públicos en San Diego.
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