Cinco años después de lo que se ha convertido en una demanda colectiva contra el condado de San Diego y sus problemáticas cárceles, demandantes y demandados se enfrentarán esta semana en una audiencia crucial que sin duda definirá el desarrollo del caso cuando finalmente llegue ante el jurado.
El jueves, el juez federal de distrito Anthony Battaglia evaluará dos mociones clave: una del condado que busca desestimar casi todas las demandas del caso, y otra de los demandantes que busca descalificar a los peritos del condado antes de que el caso llegue a juicio.
La demanda, conocida como Dunsmore contra el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego, comenzó como un litigio pro se: una demanda legal con pocas posibilidades de éxito presentada en 2020 por un hombre encarcelado llamado Darryl Dunsmore.
En ese momento, Dunsmore era un preso estatal recluido temporalmente en una cárcel del condado de San Diego. Su demanda, escrita a mano, se quejaba de que se le negaba el acceso a material legal y de que sus comidas y condiciones de vida no cumplían con los estándares penitenciarios.
En febrero de 2022, poco después de la publicación de una auditoría estatal que reveló que las cárceles del condado de San Diego tenían la tasa de mortalidad más alta de California, un grupo de abogados de derechos civiles se unió al caso y profesionalizó las acusaciones.
La demanda enmendada detalló con mayor detalle lo que calificaron como fallas de la Oficina del Sheriff, atribuyendo el aumento de la tasa de mortalidad a problemas sistémicos con la atención médica y de salud mental.
Ese mismo año, la Oficina del Sheriff registraría el mayor número de muertes bajo custodia en su historia: 19, sin incluir a un hombre que falleció en un hospital poco después de ser liberado formalmente.
Entre otras acusaciones, la demanda actualizada afirmaba que los funcionarios de la cárcel no proporcionaban adaptaciones razonables para las personas con discapacidad ni garantizaban la seguridad de las personas bajo custodia.
La demanda se certificó como demanda colectiva en 2023, lo que significa que ahora incluye como demandantes a todos los hombres y mujeres, actuales y futuros, arrestados e ingresados en la cárcel del condado.
Los abogados del condado de San Diego han rechazado en gran medida las acusaciones por infundadas, excepto las quejas de que la Oficina del Sheriff no había cumplido plenamente con las disposiciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en materia de vivienda y atención a las personas bajo custodia.
Hace dos años, ambas partes llegaron a un acuerdo parcial que exigía que el sheriff modernizara las instalaciones penitenciarias para cumplir con las regulaciones de la ADA, formara una unidad especializada en ADA y mejorara la atención a las personas con discapacidad.
En una moción que busca desestimar gran parte del caso, los abogados del condado argumentan que las cárceles han mejorado desde la auditoría estatal y que las denuncias de los demandantes sobre prácticas deficientes son irrelevantes y deben desestimarse.
“Los hechos indiscutibles demuestran que la Oficina del Sheriff de San Diego (SDSO) no cuenta con ninguna ‘política o práctica sistémica’ vigente que esté causando que (las personas encarceladas) sufran una privación de sus derechos constitucionales”, añade su escrito.
Los demandantes argumentan que persisten graves problemas y que siguen lastimando y matando a personas bajo custodia.
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