En una de las sesiones más tensas del Capitolio, el Senado de Estados Unidos confirmó de forma oficial a Todd Blanche como el nuevo fiscal general de la nación. El exabogado de Donald Trump alcanzó el cargo con un margen mínimo de 50 votos a favor y 49 en contra, consolidando de forma permanente su liderazgo en el Departamento de Justicia tras meses de desempeñarse como interino.
La ratificación expuso una profunda fractura política. Toda la bancada demócrata rechazó el nombramiento en bloque, sumando el respaldo de dos senadoras republicanas moderadas, Susan Collins (Maine) y Lisa Murkowski (Alaska). Ambas legisladoras justificaron su voto en contra al expresar serias preocupaciones sobre el riesgo de una politización sistémica de la justicia y la pérdida de autonomía de la institución.
El suspenso legislativo terminó gracias al apoyo del senador republicano Bill Cassidy, cuyo voto favorable inclinó la balanza de manera definitiva a favor del nominado.
Pactos clave en el Capitolio
La confirmación de Blanche estuvo al borde del colapso y solo se destrabó tras intensas negociaciones a puerta cerrada. Para apaciguar las dudas de los miembros de su propio partido, el ahora fiscal general tuvo que comprometerse por escrito a dar marcha atrás en dos de las propuestas más controversiales de la administración:
- Cancelación del fondo de compensación: Se eliminó la partida federal de 1,800 millones de dólares planeada para resarcir a aliados políticos de Trump, incluidos procesados por el asalto al Capitolio del 6 de enero que denunciaban persecución judicial.
- Límite al escudo fiscal del IRS: Blanche aclaró el alcance del acuerdo firmado con el fisco estadounidense, especificando que la inmunidad otorgada a la familia Trump solo aplicará para auditorías del pasado y no los blindará ante futuras inspecciones hacendarias.
Un Departamento de Justicia en crisis
Todd Blanche asume el control definitivo de un organismo sumido en una reestructuración drástica. Durante su gestión interna previa, el Departamento de Justicia ya acumulaba duras críticas internacionales y locales debido a la renuncia masiva de fiscales de carrera y a la apertura de expedientes criminales en contra de adversarios políticos del actual mandatario.
