El padre de un adolescente autista. La esposa de un veterano de la Marina. La madre de un bebé de seis meses. Estas son solo algunas de las personas que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han arrestado en citas para la residencia permanente en San Diego este mes, según abogados de inmigración de San Diego.
Los abogados de inmigración están llamando a esto una nueva escalada de la práctica de la actual administración Trump de apuntar a diferentes grupos de inmigrantes que, bajo administraciones anteriores, no fueron priorizados para la aplicación de la ley.
Otros ejemplos incluyen la revocación de visas de estudiantes internacionales que protestan contra lo que describen como un genocidio en Gaza y el arresto de personas en sus audiencias en el tribunal de inmigración .
Arrestarlos durante las citas para la tarjeta verde —el último paso antes de obtener la residencia permanente— es particularmente inquietante porque este grupo ya ha pasado por una exhaustiva verificación de antecedentes, según los abogados. No tienen antecedentes penales violentos.
“¿Qué sentido tiene hacer esto?”, dijo William Menard, abogado de Los Ángeles. “Es totalmente innecesario”.
Los agentes de ICE arrestaron a la clienta de Menard —la esposa australiana de un veterano de la Marina de Estados Unidos— durante su cita para la tarjeta verde en la oficina local de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en el centro de San Diego la semana pasada.
“Nunca la habían detenido, es extremadamente traumático”, dijo. “Obviamente, su esposo está muy preocupado por ella”.
Ella no tiene antecedentes penales en Estados Unidos ni en ningún otro país, añadió Menard.
Los abogados dicen que la razón declarada por ICE para la mayoría de estos arrestos es que los solicitantes de la tarjeta verde se quedaron más tiempo del permitido por sus visas.
Sin embargo, es relativamente común que los solicitantes se queden más tiempo del permitido por sus visas debido a la larga duración del proceso de solicitud de la tarjeta verde. Normalmente, el gobierno recomienda a los solicitantes que no se molesten en renovar las visas hacia el final del proceso de solicitud.
Además, los abogados de inmigración señalan que los familiares inmediatos (cónyuges, padres e hijos) de ciudadanos estadounidenses pueden ajustar legalmente su estatus incluso si se quedaron más tiempo del permitido por su visa.
El formulario necesario para ayudar a un familiar inmediato a recibir una tarjeta verde (Formulario I-130) es el mismo formulario que la Primera Dama Melania Trump utilizó para patrocinar a sus padres durante el primer mandato de Trump.
En una declaración, ICE ignoró las críticas sobre la necesidad de estos arrestos por tarjetas verdes mientras decía que la agencia está comprometida a hacer cumplir la ley de inmigración.
ICE está transfiriendo a las personas arrestadas en citas para la tarjeta verde al Centro de Detención de Otay Mesa, una instalación privada donde a los contribuyentes les cuesta aproximadamente $200 por día mantener a alguien detenido, según un resumen del presupuesto de 2024.
Los abogados de inmigración dijeron que muchos de ellos pasarán el feriado de Acción de Gracias lejos de sus familias.
El cliente de la abogada de inmigración Tessa Cabrera fue arrestado durante su cita para la tarjeta verde el 12 de noviembre. No tendrá una audiencia de fianza hasta el 5 de diciembre.
Su detención es particularmente desgarradora, dijo Cabrera, porque su cliente es el principal cuidador de un adolescente con necesidades especiales. Es algo que intentó discutir con los agentes de ICE durante el arresto.
“Tiene hijos ciudadanos estadounidenses, concretamente un joven de 17 años con autismo que depende mucho de él física, mental y emocionalmente”, dijo. “Y simplemente no les importó. Simplemente se lo llevaron”.
ICE respondió a las preguntas de KPBS con una declaración similar a las declaraciones que ha hecho para justificar otras acciones de inmigración que han ido más allá de las normas de administraciones anteriores.
“(ICE) está comprometido a hacer cumplir las leyes federales de inmigración a través de operaciones específicas que priorizan la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, señala el comunicado.
Cabrera contraatacó esta narrativa, aludiendo al hecho de que aproximadamente el 80% de las personas detenidas en Otay Mesa no tienen condenas penales.
“¿Qué riesgo corría la comunidad con mi cliente, que lleva una vida tranquila, cuida a su hijo de 17 años, trabaja, paga impuestos, no tiene antecedentes penales y estaba solicitando una tarjeta verde?”, dijo.
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