Una nueva iniciativa legislativa en California busca dar un vuelco a la polémica disputa por el cobro del agua en San Diego. El proyecto de ley de la Asamblea AB 2180, impulsado por el asambleísta demócrata Chris Ward, propone un marco legal que permitiría a la ciudad restablecer las tarifas de agua más bajas para los usuarios que consumen menos, protegiendo los incentivos de conservación ambiental.
La propuesta surge como respuesta directa al fallo judicial del caso Patz v. Ciudad de San Diego. Dicha sentencia determinó que el sistema de tarifas escalonadas de la ciudad violaba la Proposición 218 de California, al no demostrar matemáticamente que el costo de dar el servicio subiera en proporción exacta al consumo. Para cumplir con el tribunal, el Ayuntamiento programó una transición hacia una tarifa plana uniforme de $11.09 por unidad volumétrica a partir de enero de 2027.
Sin embargo, este modelo plano ha generado fuertes críticas. Aunque beneficia a los grandes consumidores y a los complejos residenciales masivos, elevaría los recibos mensuales de los hogares de bajo consumo en un 7.1%. Los defensores de los consumidores argumentan que la tarifa plana obliga a quienes ahorran agua a subsidiar indirectamente el gasto excesivo de otros. El proyecto AB 2180 busca dar a las agencias locales la cobertura legal necesaria para reintroducir los escalones de precio de forma responsable y sin infringir la ley de contribuyentes.
Oposición y un acuerdo millonario
El camino de la ley AB 2180 no está libre de obstáculos. Organizaciones influyentes como la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y la Asociación de Apartamentos de California se oponen firmemente, argumentando que podría abrir la puerta a cobros desproporcionados.
El camino de la ley AB 2180 no está libre de obstáculos. Organizaciones influyentes como la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y la Asociación de Apartamentos de California se oponen firmemente, argumentando que podría abrir la puerta a cobros desproporcionados.
Paralelamente al debate legislativo, la ciudad de San Diego aceptó pagar 40 millones de dólares para resolver la demanda colectiva derivada del esquema de cobro anterior. Los usuarios afectados tienen hasta el 12 de noviembre de 2026 para decidir si participan en este acuerdo de compensación económica.
Por su parte, el Ayuntamiento de San Diego ha reprogramado la votación final sobre el nuevo esquema tarifario para el 27 de octubre de 2026. El municipio adelantó que realizará un nuevo estudio integral de tarifas para buscar el precio más justo para los residentes de cara al nuevo escenario legal del estado.
