La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó al gobierno de Donald Trump revocar el estatus legal que protegía a migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su disenso, argumentando que el fallo ignora “las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de forma abrupta las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de personas mientras sus demandas legales siguen en curso”.
El fallo pone en riesgo de deportación inmediata a miles de inmigrantes originarios de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, quienes fueron admitidos bajo un programa de parole humanitario que les permitió ingresar a EU con el respaldo de un patrocinador privado y obtener autorización para trabajar legalmente.
El programa fue lanzado en enero de 2023 como parte de un intento de la Casa Blanca por ordenar el ingreso legal de migrantes, desincentivar los cruces fronterizos irregulares y reducir la presión en la frontera sur.
La estrategia mostró resultados: las detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de migrantes de esos países disminuyeron de forma significativa tras su implementación.
No obstante, legisladores republicanos y gobiernos estatales liderados por el Partido Republicano demandaron al gobierno federal, alegando que el programa incrementaba sus costos en salud, educación y seguridad pública.
Aunque tribunales inferiores confirmaron la legalidad del programa, Trump ordenó su terminación desde su primer día de regreso en la Casa Blanca, excepto para el programa aplicado a migrantes ucranianos, cuya revisión fue pausada pero no cancelada.
El programa de parole humanitario tiene antecedentes de varias décadas. Fue utilizado para admitir a casi 200,000 cubanos en los años 60, así como a más de 350,000 vietnamitas tras la caída de Saigón. Durante la presidencia de Biden, también se abrió en abril de 2022 para ucranianos, luego del inicio de la invasión rusa.
Organizaciones de defensa migrante y abogados de los beneficiarios presentaron una demanda contra la revocación del programa.
Argumentaron que la medida era “contraria a la ley, arbitraria y caprichosa”, y que violaba la obligación legal de hacer evaluaciones individuales caso por caso, en lugar de aplicar una cancelación masiva.
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