California enfrenta una de las crisis de vivienda más complicadas del país. En este contexto, el gobernador Gavin Newsom firmó la AB 130, una norma que elimina el uso de la Ley de Calidad Ambiental (CEQA, por sus siglas en inglés) como herramienta para bloquear desarrollos habitacionales.
Con ello, se derriba un obstáculo legal que durante más de cinco décadas fue utilizado por sindicatos y opositores para frenar construcciones.
Newsom celebró el cambio como un logro histórico y señaló que permitirá “construir más viviendas, más rápido y de manera asequible”.
El cambio y su alcance real en California
La reforma busca simplificar procesos y acelerar la construcción, pero también introduce un elemento que genera debate: la posibilidad de que los gobiernos locales impongan tarifas por “millas recorridas por vehículos” (VMT).
En teoría, estas contribuciones buscan mitigar el impacto del transporte asociado a los nuevos proyectos, financiando infraestructura vial y vivienda asequible.
Sin embargo, asociaciones del sector, como la California Building Industry Association, advirtieron que se trata de un nuevo costo que puede elevar aún más el precio final de las viviendas en un mercado ya tensionado.
La asambleísta Buffy Wicks, una de las impulsoras de la medida, defendió que el objetivo principal era destrabar la construcción de proyectos de alta densidad y sostenibles.
Por otro lado, voces empresariales y urbanistas alertan que las tarifas incluidas en el texto de la ley podrían convertirse en una carga extra difícil de absorber para las familias.
Esto significa que, si bien se agilizarán las aprobaciones de proyectos, no necesariamente bajarán los costos de acceso a la vivienda.
Expertos en políticas urbanas, como Chris Elmendorf, profesor de la Universidad de California en Davis, explicaron que este tipo de reformas muestran la tensión entre dos prioridades estatales: atender la emergencia habitacional y sostener políticas ambientales ambiciosas.
Según Elmendorf, el riesgo está en que, al simplificar por un lado y encarecer por otro, el efecto final sea más desigualdad en el acceso a la vivienda.
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