Pero más cortas

San Diego hace que las llamadas telefónicas en la cárcel sean gratis

SAN DIEGO.- La Junta de Supervisores del Condado de San Diego votó por unanimidad el martes para promulgar una política que prohíba a las cárceles y centros de detención de menores gestionados por el condado cobrar por las llamadas telefónicas.

A partir del 1 de julio, todas las llamadas telefónicas y las visitas por vídeo serán gratuitas para cualquier persona encarcelada en un centro del condado.

En la actualidad, las llamadas desde las cárceles y los centros de detención de menores cuestan 21 centavos por minuto para las llamadas interestatales de prepago y 33 centavos por minuto para las llamadas locales y dentro del estado. Las llamadas a otros lugares cuestan menos debido a un límite de tarifa impuesto en 2017 por la Comisión Federal de Comunicaciones.

Escuchar un mensaje de voz de un detenido cuesta 2 dólares, y una visita por vídeo de 20 minutos cuesta 2.50 dólares, lo que supone un descenso respecto a la tarifa anterior a la pandemia, que era de 5 dólares.

Además de los elevados costos por minuto, se añaden tasas por servicios como añadir dinero a la cuenta telefónica de un recluso.

Las tarifas y los honorarios fueron establecidos por el contrato del Departamento del Sheriff con Securus Technologies, uno de los mayores proveedores de servicios telefónicos para cárceles en los Estados Unidos.

La votación del martes formaliza una propuesta presentada en marzo por la supervisora Terra Lawson-Remer. Lawson-Remer dijo al San Diego Union-Tribune que el condado no debería generar ingresos cobrando a los reclusos y a sus familias por comunicarse.

“La idea de que deberíamos crear una situación para beneficiarse de las familias de los individuos encarcelados que ya están luchando día a día para poner comida en la mesa, para mí es moralmente incorrecto. No es así como deberíamos pagar las cosas”, dijo.

Las investigaciones demuestran que las personas encarceladas que mantienen contactos con sus amigos y familiares obtienen mejores resultados cuando salen de prisión. Los estudios también han encontrado que los altos costos de teléfono afectan desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos y penalizan a las personas que no han sido condenadas por un delito.

Los supervisores aprobaron inicialmente la nueva política en marzo, pero estaban esperando que el personal del condado identificara la financiación para compensar los ingresos que generan las llamadas. El departamento de libertad condicional recibe aproximadamente 140 mil dólares al año en virtud del contrato con Securus y el departamento del sheriff recibe casi 2.8 millones de dólares al año. El dinero se destina a programas y servicios para reclusos.

La nueva política asignará 7.7 millones de dólares para los años fiscales 2021-23 para cubrir la pérdida de ingresos.

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